En Alcalde Cómo Vamos entendemos que hablar de seguridad no es solo contar delitos. Por eso, al construir los indicadores de este eje, asumimos un compromiso claro: usar los datos con responsabilidad, ponerlos en contexto y enfocarlos tanto en la gestión municipal como en los esfuerzos de prevención.
Nuestro objetivo es desarrollar indicadores relevantes y útiles, que permitan tomar decisiones informadas para mejorar la eficacia de la seguridad pública y, sobre todo, el bienestar de la comunidad.
Evaluar cuántos policías están realmente activos en Cajeme no es un detalle administrativo, sino un elemento clave para determinar si la seguridad pública puede funcionar de manera efectiva. Este indicador permite conocer la capacidad operativa real del municipio, ya que no es lo mismo contar con policías en nómina que con elementos disponibles para patrullar, atender emergencias y prevenir delitos; sin esta información, cualquier diagnóstico de seguridad queda incompleto.
Dar seguimiento a la cantidad de policías activos también permite relacionar el número de elementos con resultados concretos, como la incidencia delictiva o los tiempos de respuesta, así como detectar problemas de gestión interna, entre ellos la alta rotación de personal o el déficit de elementos operativos. Además, fortalece la transparencia y la rendición de cuentas sobre el uso de los recursos públicos destinados a seguridad.
Para establecer un referente técnico, se toma como base el Modelo Óptimo de la Función Policial de la Secretaría de Gobernación, el cual establece que los municipios deben contar con un mínimo de 1.8 policías operativos por cada 1,000 habitantes. Bajo este criterio, en 2020 y 2021 Cajeme registró 807 policías activos, lo que representaba una tasa de 184.88 policías por cada 100 mil habitantes.
No obstante, esta cifra se redujo a 740 policías activos en 2024, con una tasa de 169.53 por cada 100 mil habitantes, y continuó descendiendo hasta alcanzar 719 elementos activos al cierre de junio de 2025. De acuerdo con el estándar del Modelo Óptimo, el municipio requeriría al menos 786 policías activos, lo que evidencia una brecha entre la plantilla actual y el umbral recomendado para una operación policial adecuada.
Aunque el Ayuntamiento se encuentra cercano a cumplir su meta interna de 720 elementos, el seguimiento constante de este indicador resulta fundamental desde la perspectiva ciudadana, ya que una mayor dotación de policías, debidamente capacitados y con condiciones laborales adecuadas, es indispensable para mejorar la eficacia en la atención, fortalecer la presencia territorial y contribuir a la reducción de la percepción de inseguridad.
Monitorear el sueldo mínimo que recibe un policía municipal es mucho más que revisar cifras presupuestales: es evaluar si existen condiciones laborales dignas para construir una corporación profesional, estable y confiable. Un salario insuficiente dificulta la atracción y retención de personal, incrementa la rotación y debilita la institución, además de aumentar la vulnerabilidad frente a prácticas corruptas y afectar directamente la calidad del servicio que recibe la ciudadanía.
El seguimiento a este indicador revela que el salario base de un policía municipal en Cajeme es de $12,585.38 pesos mensuales. Este monto resulta insuficiente al compararse con el sueldo mínimo digno establecido para Sonora en 2024 por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI) y el Secretariado Ejecutivo, fijado en $17,409.61 pesos mensuales, lo que implica una brecha salarial de aproximadamente $3,415 pesos entre el ingreso real y el estándar recomendado.
Este contraste evidencia un rezago estructural en la inversión en capital humano policial. Dar seguimiento a esta diferencia es crucial desde una perspectiva ciudadana, ya que las condiciones salariales inciden directamente en la estabilidad laboral, la profesionalización de la corporación y la capacidad del municipio para ofrecer un servicio de seguridad eficaz y confiable. Asimismo, permite comparar los sueldos locales con estándares nacionales y evaluar si el gasto en seguridad pública se traduce efectivamente en una policía más sólida y mejor preparada.
Para 2025, la meta administrativa del Ayuntamiento se ha fijado en alcanzar un salario de $16,000 pesos mensuales, lo que representaría una mejora respecto a la línea base actual; sin embargo, este monto aún se mantendría por debajo del mínimo digno propuesto de $17,409.61 pesos. Por ello, medir y transparentar de manera constante los ingresos policiales debe entenderse como una condición mínima para fortalecer la confianza ciudadana y para construir una estrategia de seguridad pública sostenible, legítima y basada en evidencia.
La prevención del delito no se mide por discursos, sino por su alcance e impacto real en la población; por ello, dar seguimiento al número de personas beneficiadas por los programas de prevención es un indicador central para evaluar la estrategia de seguridad. Este dato permite saber si las acciones están llegando a quienes más lo necesitan, qué tan amplia es su cobertura y si los recursos públicos se están utilizando de manera estratégica y focalizada.
Además, medir a las personas beneficiadas hace posible comparar programas entre sí, identificar brechas territoriales o poblacionales y vincular las intervenciones preventivas con resultados observables en materia de seguridad. Sin esta medición, la prevención se vuelve invisible: no puede evaluarse, corregirse ni mejorarse, lo que debilita su efectividad y su legitimidad ante la ciudadanía.
En este contexto, la línea base de 2024 registró 35,432 personas beneficiadas por programas de prevención del delito, con una meta administrativa de incrementar esta cifra a 49,605 beneficiarios para finales de 2025. Sin embargo, al corte de junio de 2025 se han reportado únicamente 10,511 beneficiarios, lo que evidencia un alcance poblacional limitado, especialmente considerando que la prevención requiere un enfoque amplio, sostenido y de carácter comunitario.
Dar seguimiento a este indicador resulta clave no sólo para evaluar la cobertura de los programas, sino también para ajustar su diseño e implementación, ya que una prevención con bajo alcance difícilmente puede incidir en los factores de riesgo ni contribuir a la reducción de la percepción de inseguridad, que constituye uno de los objetivos centrales de la política de seguridad pública municipal.
La seguridad no sólo se expresa en las estadísticas oficiales, sino en lo que la ciudadanía siente y vive cotidianamente en su entorno. Medir la percepción de inseguridad es fundamental porque influye directamente en el comportamiento social: cómo las personas se desplazan, cómo utilizan los espacios públicos y qué tan dispuestas están a participar en la vida comunitaria. Una percepción elevada de inseguridad puede erosionar la cohesión social y limitar el desarrollo urbano y económico del municipio.
Este indicador busca medir la preocupación ciudadana asociada a una alta percepción de inseguridad en el municipio. Su seguimiento permite identificar zonas o grupos poblacionales donde el miedo es más intenso, evaluar el nivel de confianza en las autoridades responsables de la seguridad pública y ajustar tanto las estrategias de prevención como las acciones de comunicación institucional. Asimismo, ayuda a detectar brechas entre los datos oficiales de incidencia delictiva y la experiencia cotidiana de la población.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), la percepción anualizada de inseguridad en Ciudad Obregón ha mostrado una tendencia a la baja en los últimos años, al pasar de 93.75 % en 2021 a 75.65 % en 2024. Si bien esta reducción representa un avance relevante, el nivel de percepción continúa siendo alto, lo que hace indispensable mantener el monitoreo constante de este indicador.
La meta establecida es lograr una disminución continua en la percepción de inseguridad, alcanzando un nivel de 69.41 % para diciembre de 2025. Dar seguimiento a este indicador resulta clave para evaluar si las acciones de seguridad y prevención están generando no sólo resultados en cifras, sino también mejoras tangibles en la confianza ciudadana y en la sensación de seguridad en la vida diaria. Una política pública de seguridad que no incorpora la percepción ciudadana como variable central permanece incompleta y corre el riesgo de perder legitimidad social.
Los delitos patrimoniales —como el robo a casa habitación, a comercio o de vehículo— son los que impactan de manera más directa la vida cotidiana de la población. Por ello, su medición por cada 100,000 habitantes resulta fundamental, ya que este es el estándar técnico utilizado a nivel nacional e internacional para evaluar la incidencia delictiva de forma objetiva y comparable. Este indicador permite analizar la seguridad desde la experiencia diaria de la ciudadanía y no únicamente desde eventos de alta excepcionalidad.
Dar seguimiento a la tasa de delitos patrimoniales permite comparar periodos, zonas y administraciones de manera justa, evaluar la eficacia de las estrategias de prevención y del despliegue policial, identificar focos rojos y orientar de forma más eficiente la asignación de recursos. Asimismo, este indicador permite analizar el impacto de la seguridad en la economía local y en la calidad de vida, ya que cuando estos delitos aumentan, la ciudad resiente el problema de manera inmediata, incluso si otros indicadores de seguridad muestran mejoras.
En este contexto, durante 2024 la tasa de delitos patrimoniales en Cajeme fue de 583.52 incidentes por cada 100,000 habitantes, lo que representó un total de 2,547 delitos registrados. A partir de esta línea base, la administración municipal estableció como meta para diciembre de 2025 lograr una reducción significativa, hasta alcanzar una tasa de 499 delitos por cada 100,000 habitantes, equivalente a un total aproximado de 2,178 incidentes anuales.
El Primer Avance al mes de junio de 2025 reportó una tasa de 100 delitos por cada 100,000 habitantes, con un total de 438 delitos patrimoniales registrados en el periodo. Al tratarse de un indicador de tipo descendente, este resultado inicial refleja un avance positivo; sin embargo, el seguimiento continuo resulta clave para determinar si esta tendencia se mantiene a lo largo del año y si las estrategias implementadas permitirán consolidar una reducción sostenida que lleve a la tasa por debajo de los 500 delitos por cada 100,000 habitantes.
