En Alcalde Cómo Vamos entendemos que hablar de seguridad no es solo contar delitos. Por eso, al construir los indicadores de este eje, asumimos un compromiso claro: usar los datos con responsabilidad, ponerlos en contexto y enfocarlos tanto en la gestión municipal como en los esfuerzos de prevención.
Nuestro objetivo es desarrollar indicadores relevantes y útiles, que permitan tomar decisiones informadas para mejorar la eficacia de la seguridad pública y, sobre todo, el bienestar de la comunidad.
Evaluar cuántos policías están realmente activos en Cajeme no es un detalle administrativo, sino un elemento clave para determinar si la seguridad pública puede funcionar de manera efectiva. Este indicador permite conocer la capacidad operativa real del municipio, ya que no es lo mismo contar con policías en nómina que con elementos disponibles para patrullar, atender emergencias y prevenir delitos; sin esta información, cualquier diagnóstico de seguridad queda incompleto.
Dar seguimiento a la cantidad de policías activos también permite relacionar el número de elementos con resultados concretos, como la incidencia delictiva o los tiempos de respuesta, así como detectar problemas de gestión interna, entre ellos la alta rotación de personal o el déficit de elementos operativos. Además, fortalece la transparencia y la rendición de cuentas sobre el uso de los recursos públicos destinados a seguridad.
Para establecer un referente técnico, se toma como base el Modelo Óptimo de la Función Policial de la Secretaría de Gobernación, el cual establece que los municipios deben contar con un mínimo de 1.8 policías operativos por cada 1,000 habitantes. Bajo este criterio, en 2020 y 2021 Cajeme registró 807 policías activos, lo que representaba una tasa de 184.88 policías por cada 100 mil habitantes.
No obstante, al cierre del ejercicio 2025, la plantilla descendió a 674 policías activos, con una tasa de 154.42 elementos por cada 100,000 habitantes. Esta cifra se aleja aún más de la meta de 720 elementos y del estándar recomendado de 786 policías activos según el Modelo Óptimo de la Secretaría de Gobernación, evidenciando una brecha creciente que compromete la capacidad operativa del municipio.
El descenso acumulado desde 2020 (807 elementos) hasta 2025 (674 elementos) representa una reducción de más de 130 plazas en cinco años. El seguimiento constante de este indicador resulta fundamental desde la perspectiva ciudadana, ya que una mayor dotación de policías, debidamente capacitados y con condiciones laborales adecuadas, es indispensable para mejorar la eficacia en la atención, fortalecer la presencia territorial y contribuir a la reducción de la percepción de inseguridad.
Monitorear el sueldo mínimo que recibe un policía municipal es mucho más que revisar cifras presupuestales: es evaluar si existen condiciones laborales dignas para construir una corporación profesional, estable y confiable. Un salario insuficiente dificulta la atracción y retención de personal, incrementa la rotación y debilita la institución, además de aumentar la vulnerabilidad frente a prácticas corruptas y afectar directamente la calidad del servicio que recibe la ciudadanía.
El seguimiento a este indicador revela que el salario base de un policía municipal en Cajeme es de $12,585.38 pesos mensuales. Este monto resulta insuficiente al compararse con el sueldo mínimo digno establecido para Sonora en 2024 por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI) y el Secretariado Ejecutivo, fijado en $17,409.61 pesos mensuales, lo que implica una brecha salarial de aproximadamente $3,415 pesos entre el ingreso real y el estándar recomendado.
Al cierre del ejercicio 2025, el salario base de un policía municipal en Cajeme se incrementó a $13,214.65 pesos mensuales, lo que representa una mejora de $1,201.34 respecto al primer corte de mayo ($12,013.31). Sin embargo, este monto sigue siendo considerablemente inferior al salario digno de $17,409.61 pesos establecido por CONASAMI, con una brecha de $4,194.96, y también se ubica por debajo de la meta administrativa de $16,000 pesos, con una brecha de $2,785.35.
El avance salarial es positivo, pero el rezago estructural persiste como un factor de riesgo para la estabilidad y profesionalización de la corporación policial. Medir y transparentar de manera constante los ingresos policiales debe entenderse como una condición mínima para fortalecer la confianza ciudadana y para construir una estrategia de seguridad pública sostenible, legítima y basada en evidencia.
La prevención del delito no se mide por discursos, sino por su alcance e impacto real en la población; por ello, dar seguimiento al número de personas beneficiadas por los programas de prevención es un indicador central para evaluar la estrategia de seguridad. Este dato permite saber si las acciones están llegando a quienes más lo necesitan, qué tan amplia es su cobertura y si los recursos públicos se están utilizando de manera estratégica y focalizada.
Además, medir a las personas beneficiadas hace posible comparar programas entre sí, identificar brechas territoriales o poblacionales y vincular las intervenciones preventivas con resultados observables en materia de seguridad. Sin esta medición, la prevención se vuelve invisible: no puede evaluarse, corregirse ni mejorarse, lo que debilita su efectividad y su legitimidad ante la ciudadanía.
En este contexto, la línea base de 2024 registró 35,432 personas beneficiadas por programas de prevención del delito, con una meta administrativa de incrementar esta cifra a 49,605 beneficiarios para finales de 2025. Sin embargo, al corte de junio de 2025 se han reportado únicamente 10,511 beneficiarios, lo que evidencia un alcance poblacional limitado, especialmente considerando que la prevención requiere un enfoque amplio, sostenido y de carácter comunitario.
Dar seguimiento a este indicador resulta clave no sólo para evaluar la cobertura de los programas, sino también para ajustar su diseño e implementación, ya que una prevención con bajo alcance difícilmente puede incidir en los factores de riesgo ni contribuir a la reducción de la percepción de inseguridad, que constituye uno de los objetivos centrales de la política de seguridad pública municipal.
La seguridad no sólo se expresa en las estadísticas oficiales, sino en lo que la ciudadanía siente y vive cotidianamente en su entorno. Medir la percepción de inseguridad es fundamental porque influye directamente en el comportamiento social: cómo las personas se desplazan, cómo utilizan los espacios públicos y qué tan dispuestas están a participar en la vida comunitaria. Una percepción elevada de inseguridad puede erosionar la cohesión social y limitar el desarrollo urbano y económico del municipio.
Este indicador busca medir la preocupación ciudadana asociada a una alta percepción de inseguridad en el municipio. Su seguimiento permite identificar zonas o grupos poblacionales donde el miedo es más intenso, evaluar el nivel de confianza en las autoridades responsables de la seguridad pública y ajustar tanto las estrategias de prevención como las acciones de comunicación institucional. Asimismo, ayuda a detectar brechas entre los datos oficiales de incidencia delictiva y la experiencia cotidiana de la población.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), la percepción anualizada de inseguridad en Ciudad Obregón ha mostrado una tendencia a la baja en los últimos años, al pasar de 93.75 % en 2021 a 75.65 % en 2024. Si bien esta reducción representa un avance relevante, el nivel de percepción continúa siendo alto, lo que hace indispensable mantener el monitoreo constante de este indicador.
Al cierre del ejercicio 2025, la percepción de inseguridad en Ciudad Obregón registró un promedio anual de 85.7%, resultado del promedio de los cuatro trimestres: 83.2% (Q1), 88.0% (Q2), 83.6% (Q3) y 88.0% (Q4). Este nivel es superior al registrado en 2024 (75.65%, línea base) y se aleja de la meta de 69.41% establecida para diciembre de 2025. El comportamiento por trimestre muestra variaciones importantes, con repuntes en el segundo y cuarto trimestre, lo que sugiere que las acciones de prevención y seguridad no han logrado consolidar una tendencia sostenida de reducción en la percepción de inseguridad entre la ciudadanía.
Los delitos patrimoniales —como el robo a casa habitación, a comercio o de vehículo— son los que impactan de manera más directa la vida cotidiana de la población. Por ello, su medición por cada 100,000 habitantes resulta fundamental, ya que este es el estándar técnico utilizado a nivel nacional e internacional para evaluar la incidencia delictiva de forma objetiva y comparable. Este indicador permite analizar la seguridad desde la experiencia diaria de la ciudadanía y no únicamente desde eventos de alta excepcionalidad.
Dar seguimiento a la tasa de delitos patrimoniales permite comparar periodos, zonas y administraciones de manera justa, evaluar la eficacia de las estrategias de prevención y del despliegue policial, identificar focos rojos y orientar de forma más eficiente la asignación de recursos. Asimismo, este indicador permite analizar el impacto de la seguridad en la economía local y en la calidad de vida, ya que cuando estos delitos aumentan, la ciudad resiente el problema de manera inmediata, incluso si otros indicadores de seguridad muestran mejoras.
En este contexto, durante 2024 la tasa de delitos patrimoniales en Cajeme fue de 583.52 incidentes por cada 100,000 habitantes, lo que representó un total de 2,547 delitos registrados. A partir de esta línea base, la administración municipal estableció como meta para diciembre de 2025 lograr una reducción significativa, hasta alcanzar una tasa de 499 delitos por cada 100,000 habitantes, equivalente a un total aproximado de 2,178 incidentes anuales.
Al cierre del ejercicio 2025, la tasa de delitos patrimoniales en Cajeme fue de 383.52 por cada 100,000 habitantes, con un total de 1,674 incidentes registrados. Este resultado representa una reducción significativa respecto a la línea base de 2024 (583.52 por cada 100,000 habitantes, con 2,547 delitos) y supera favorablemente la meta anual de 499 delitos por cada 100,000 habitantes, lo que coloca a este indicador como uno de los avances más destacados del eje de seguridad pública. La reducción desde el primer semestre (100 por cada 100,000 hab., 438 delitos) hasta el cierre anual confirma una tendencia positiva sostenida, que deberá mantenerse con continuidad en las estrategias de prevención para consolidar la mejora.
Ana Cristina Islas Esquer
