En Alcalde Cómo Vamos entendemos que los servicios públicos son la base del funcionamiento cotidiano de la ciudad. Por ello, en la evaluación de este eje nos enfocamos en construir indicadores que reflejen directamente las acciones de las dependencias municipales y respondan a las prioridades actuales de la ciudadanía.
Nuestro objetivo es medir de manera precisa, clara y relevante el desempeño de servicios esenciales como el mantenimiento urbano, la infraestructura y la atención básica, de modo que los datos permitan evaluar la gestión municipal, identificar áreas de oportunidad y contribuir a mejorar la calidad de vida de la comunidad.
El alumbrado público es un servicio básico que influye directamente en la seguridad, la movilidad y el uso del espacio público. Por ello, su cobertura y funcionamiento se miden como un indicador clave del entorno urbano, ya que permite identificar zonas con mayor riesgo por falta de iluminación, evaluar la atención a reportes ciudadanos, priorizar inversiones en infraestructura y analizar su impacto tanto en la percepción de inseguridad como en la convivencia comunitaria. Cuando el alumbrado falla, la ciudad se vuelve menos segura y menos habitable.
El seguimiento a este indicador muestra una mejora significativa en los últimos años. El porcentaje de luminarias funcionales pasó de 58.74 % en 2020 a 96.19 % en 2024, sobre un total de 37,850 luminarias existentes en el municipio. Para 2025, la meta establecida es alcanzar el 98 % de luminarias funcionales, como parte del esfuerzo por optimizar la calidad del servicio y consolidar los avances logrados.
Este desempeño se refleja también en la percepción ciudadana: de acuerdo con la Encuesta de Percepción Ciudadana 2024, el alumbrado público fue calificado con 7.5 puntos en una escala del 1 al 10, lo que indica una valoración positiva, aunque aún con margen de mejora. Al primer corte de junio de 2025, la funcionalidad reportada alcanzó el 97.2 %, colocando al municipio a sólo 0.8 puntos porcentuales de cumplir la meta anual, lo que confirma una tendencia favorable, pero que requiere seguimiento constante para asegurar su sostenibilidad.
La recolección de basura es un servicio esencial para la salud pública y el orden urbano. Medir su cobertura permite conocer si el servicio llega de manera regular y equitativa a la población, así como evaluar la eficiencia operativa del municipio, detectar rezagos territoriales, prevenir focos de contaminación y analizar su impacto directo en la calidad de vida. Cuando este servicio es deficiente, los efectos se reflejan de inmediato tanto en el entorno urbano como en la percepción ciudadana.
La línea base de 2024 registró una cobertura de recolección del 99.53 % de las colonias, con el objetivo de alcanzar el 100 % de cobertura. Para diciembre de 2025, la meta administrativa es lograr que todas las colonias del municipio cuenten con este servicio de manera regular, consolidando así un estándar básico de prestación universal.
No obstante, el seguimiento a este indicador reveló una problemática relevante de consistencia en los datos oficiales. Mientras una respuesta de julio de 2024 reportó la existencia de 624 colonias en el municipio, el primer avance a junio de 2025 informó una cobertura del 100 %, basada en un total de 427 colonias. Esta discrepancia evidencia la necesidad de contar con información precisa y homologada, ya que el cálculo del indicador depende directamente de la relación entre colonias con cobertura y el total real de colonias existentes.
Aunque el avance reportado a junio de 2025 señala que todas las colonias reciben el servicio de recolección de basura, el monitoreo ciudadano subraya que no basta con reportar altos porcentajes de cobertura: es indispensable asegurar la calidad, regularidad y, sobre todo, la confiabilidad de los datos. Sin información clara y consistente, la evaluación del desempeño municipal pierde solidez y se limita la capacidad de mejora continua del servicio.
Las áreas públicas limpias favorecen la convivencia, el uso del espacio urbano y la cohesión social. Por ello medimos el nivel de limpieza y mantenimiento de estos espacios como un reflejo directo del cuidado del patrimonio urbano. Este indicador permite evaluar la atención institucional a espacios verdes y áreas comunes, identificar zonas con abandono sistemático, orientar acciones de mantenimiento y analizar su impacto en la percepción de orden y bienestar. Cuando las áreas públicas se descuidan, la ciudad transmite señales claras de deterioro e inacción gubernamental.
El indicador se construye a partir del total de metros cuadrados (m²) de áreas públicas reportadas como limpias, incluyendo trabajos de limpieza de maleza y poda de césped. Al cierre del ejercicio 2025, el municipio reportó un total de 5,265,230 m² intervenidos, cifra que supera la meta anual de 5,000,000 m² en un 5.3%. Este resultado representa un avance notable respecto al primer corte de mayo (1,250,000 m²) y evidencia una intensificación importante en el ritmo de las labores durante el segundo semestre del año. Sin embargo, el seguimiento debe orientarse también hacia la calidad, frecuencia y distribución territorial de las intervenciones, para garantizar que el mantenimiento sea regular y equitativo en todos los espacios públicos del municipio.
La obra pública es una de las principales herramientas del municipio para mejorar infraestructura y servicios esenciales. Medir la inversión permite evaluar si los recursos se destinan de forma estratégica y con impacto real en la vida cotidiana. Este indicador hace posible comparar periodos y administraciones, analizar prioridades de gasto, evaluar la capacidad de ejecución y vincular la inversión con mejoras visibles en el entorno urbano. Cuando la inversión es baja o ineficiente, el rezago urbano se acumula y limita el desarrollo del municipio.
Este indicador cuantifica los recursos destinados a obra pública en Cajeme a partir de las partidas 6100 y 6200 del Presupuesto de Egresos. Al cierre del ejercicio 2025, la inversión en obra pública alcanzó $241,081,249 MXN ($226,502,809 en partida 6100 y $14,578,440 en partida 6200), superando la meta anual de $189,235,665 MXN en un 27.4% y representando un aumento significativo respecto a la línea base de 2024 ($165,197,344 MXN). La recuperación respecto al primer corte (apenas $3,075,713 en mayo) confirma que la ejecución de obra pública se concentró de forma importante en el segundo semestre, lo que plantea interrogantes sobre la capacidad de planeación y distribución temporal del gasto en infraestructura pública.
El funcionamiento del sistema de alcantarillado y drenaje es crítico para la salud pública y la infraestructura urbana. Medir la atención a los reportes ciudadanos permite identificar fallas recurrentes, zonas críticas y cuellos de botella operativos. Este indicador hace posible evaluar la capacidad de respuesta municipal, priorizar acciones de mantenimiento preventivo y analizar el impacto directo de estos servicios en la vida diaria y el entorno urbano. Cuando estos sistemas fallan, los efectos son inmediatos y afectan directamente a las familias, tanto en términos sanitarios como de habitabilidad.
Este es el indicador con mayor peso dentro del eje de Servicios Públicos, ya que mide la capacidad operativa de OOMAPASC para atender fallas en la red. Se calcula como el porcentaje de reportes de alcantarillado y drenaje atendidos respecto al total de reportes realizados. La línea base de 2024 fue de 107% de reportes atendidos, un resultado superior al 100% que se explica por la atención de rezagos acumulados de años anteriores. En términos absolutos, durante 2024 se atendieron 12,623 reportes frente a 11,170 reportados.
La meta de gestión para diciembre de 2025 es alcanzar el 100% de reportes atendidos correspondientes exclusivamente al periodo en curso, lo que implica eliminar el backlog histórico. Al primer corte de junio de 2025, se registró un avance de 171%, con 1,471 reportes atendidos frente a 856 reportes recibidos. Si bien este desempeño refleja una alta capacidad de respuesta, también confirma que el rezago histórico sigue influyendo en el indicador, por lo que el reto estructural no es solo atender más, sino estabilizar el sistema para evitar la acumulación recurrente de fallas.
El pago oportuno al organismo operador del agua es un elemento clave para garantizar la continuidad y calidad del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Medir este indicador permite conocer el nivel de corresponsabilidad financiera entre usuarios y municipio, así como la sostenibilidad operativa del sistema. Este indicador permite evaluar la disciplina financiera, prevenir riesgos operativos y analizar la viabilidad de largo plazo de un servicio esencial. Cuando los pagos no se realizan a tiempo, se compromete la operación, el mantenimiento de la red y la capacidad de respuesta ante emergencias.
Este indicador evalúa la eficiencia financiera de OOMAPASC a partir del porcentaje de usuarios que han cubierto la totalidad de su adeudo por consumo de agua. Históricamente, el nivel de cumplimiento ha sido bajo, con registros que oscilan entre 45.81% en 2021 y 48.93% en 2024. La línea base de 2024 se estableció en 49% de usuarios cumplidos. En enero de 2025, se documentó que 65,836 usuarios domésticos y 2,437 usuarios comerciales mantenían adeudos, lo que evidencia un problema estructural de recaudación.
La meta para diciembre de 2025 es incrementar el cumplimiento al 62% de usuarios al corriente, un objetivo indispensable para fortalecer las finanzas del organismo operador. Al primer avance de junio de 2025, se reportó un 57% de usuarios cumplidos, lo que representa una mejora de 8 puntos porcentuales respecto a la línea base. Aunque el avance es positivo, el municipio aún enfrenta el desafío de cerrar una brecha de 5 puntos porcentuales para alcanzar la meta, lo que exige intensificar estrategias de cobro, incentivos al pago y medidas de regularización que aseguren la estabilidad financiera de OOMAPASC en el mediano plazo.
Ana Cristina Islas Esquer
